Por: Gabriel Diaz
La salud de una democracia no se mide por la forma en que el ganador celebra su victoria, sino por la dignidad y madurez con la que el perdedor acepta la derrota. Tras los resultados electorales, la respuesta de Iván Cepeda ha sido un monumento a la irresponsabilidad política. Al condicionar el respeto a la ley y amenazar con arrastrar al país a un estado de desobediencia civil basándose en la doble nacionalidad del mandatario electo, el senador ha optado por el camino más peligroso: el de actuar como un pirómano de la frustración social.
El doble rasero que exhibe hoy la izquierda no solo es escandaloso, sino que sufre de una profunda amnesia histórica. En 2022, Colombia entera vio posesionarse a Gustavo Petro como presidente de la República. Petro llegó a la Casa de Nariño cargando a cuestas un pasado que incluía delitos penales en su época de militancia en la guerrilla del M-19, una destitución e inhabilitación disciplinaria por parte del exprocurador Alejandro Ordóñez, y millonarias sanciones fiscales impuestas por la Contraloría General de la Nación. A pesar de ese denso y polémico historial, la institucionalidad del país y la oposición de entonces respetaron el veredicto de las urnas. Nadie llamó al desacato militar ni a la insurrección civil; se aceptó, con madurez democrática, que el voto popular había legitimado su mandato.
Resulta entonces inaceptable que hoy, ante la victoria de Abelardo de la Espriella —un ciudadano que no cuenta con una sola condena penal, fiscal ni disciplinaria en su contra—, Iván Cepeda pretenda incendiar el orden constitucional utilizando como excusa su ciudadanía estadounidense. Bajo esta nueva y conveniente doctrina, los procesos judiciales y el pasado delictivo no restan legitimidad si eres de izquierda, pero tener un pasaporte extranjero es motivo suficiente para decretar la tiranía y llamar a la insurrección si eres de derecha.
Colombia no resiste cuatro años más de campaña electoral permanente ni de bloqueos institucionales sistemáticos basados en caprichos ideológicos. La propuesta de Cepeda no busca equilibrar el poder, busca paralizarlo mediante el chantaje democrático. Si la oposición respetó la legitimidad de un presidente con el pasado de Petro, lo mínimo que exige la coherencia es que respeten la de un presidente sin condenas. El país real necesita control político serio en el Congreso, no caudillos heridos en su ego que prefieran sabotear la estabilidad de la nación antes de admitir que, esta vez, perdieron en las urnas.
