
Esta mañana Ibagué sintió el terremoto y salió a las calles. A las 7:34, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, y unos 96 kilómetros de profundidad se percibió en casi todo el país. El Servicio Geológico Colombiano lo clasificó como el evento de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década. Aquí no hubo víctimas. A dos horas de camino, en el Eje Cafetero, sí.
Al cierre de esta columna, el consolidado preliminar de Asocapitales sumaba 79 personas fallecidas entre Pereira, el Valle del Cauca, el Chocó, Manizales y Medellín, y el Gobierno nacional acababa de declarar el desastre nacional. En Pereira, la directora de bomberos reportó doce estructuras colapsadas, ocho de ellas por completo, y unas treinta personas atrapadas. En Manizales cayeron más de doce edificios y una torre de la catedral quedó recostada sobre la nave del templo. En Cali, veinte estructuras colapsadas con gente adentro.
Quiero detenerme en lo que mostraron esas imágenes, porque ahí está la lección que el Tolima debería sacar hoy.
Sobre los escombros no había cascos de rescate. Había vecinos. Hombres pasando bloques de concreto de mano en mano, muchachos abriendo espacio entre las losas con barras de construcción, gente pidiendo silencio para escuchar si alguien contestaba desde abajo. El alcalde de Cali tuvo que pedirle rescatistas prestados a Bogotá y a Medellín. La comunidad empezó el rescate, y los organismos de socorro se sumaron después.
Eso no es una casualidad conmovedora. Es el hallazgo más consistente de la ciencia de los desastres. La mayoría de las personas que salen con vida de una estructura colapsada son rescatadas por familiares, vecinos o transeúntes, mucho antes de que llegue cualquier equipo especializado. La razón es de reloj: la probabilidad de sobrevivir atrapado cae de forma abrupta en las primeras horas, y en ese margen ningún cuerpo de socorro alcanza a estar en veinte o treinta colapsos simultáneos.
Por eso el Tolima tiene que mirarse en el espejo de hoy. La falla de Ibagué atraviesa el casco urbano de la ciudad, igual que la falla de Buenos Aires. Los estudios de paleosismología que el Servicio Geológico realizó en la trinchera de Chucuní la definen como una estructura potencialmente productora de grandes sismos, con una magnitud característica cercana a 7 y un periodo de retorno que puede llegar a unos 1.300 años. Ibagué está clasificada en amenaza sísmica intermedia en el mapa nacional, pero los estudios locales han advertido durante años que su condición real es más severa, y su microzonificación sísmica necesita actualizarse para incorporar fuentes identificadas después, como el Caldas Tear. A esto se suma que edificaciones públicas emblemáticas de la ciudad son anteriores a la norma sismorresistente vigente.
En el Tolima sabemos lo que significa un desastre que nos toma sin preparación. Armero no fue hace tanto, y buena parte de esa tragedia se explica por lo que no se hizo antes. La memoria regional debería ser el activo más valioso de nuestra gestión del riesgo, y con frecuencia es lo primero que se archiva.
Si mañana el epicentro cae en el abanico de Ibagué, el primero en llegar a los escombros será su vecino. Con las manos. Sin casco. En edificios que van a seguir moviéndose por las réplicas. Esa escena, que hoy vimos en Cali, es la que hay que evitar, y no se evita pidiéndole a la gente que no ayude, porque va a ayudar de todas formas. Se evita preparándola.
Preparar al primer respondiente comunitario cuesta poco y no requiere reformas. Brigadas de barrio con roles asignados y enlace real con bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja antes de que tiemble. Formación en primeros auxilios, control de hemorragias, triage básico, evacuación y apoyo a la búsqueda superficial, con el componente que casi nunca se enseña y es el más importante: reconocer cuándo no entrar y cuándo entregar la escena al equipo técnico. Dotación elemental de casco, guantes, gafas, protección respiratoria, linterna, radio, palanca y camilla, porque los rescates comunitarios se hacen con herramientas simples. Y censos por edificio, para que quien llegue primero sepa a quién está buscando.
La Ley 1523 de 2012 ya define la gestión del riesgo como responsabilidad de todos los habitantes del territorio y habilita a los consejos municipales para organizar la participación comunitaria. La cuarta prioridad del Marco de Sendai es aumentar la preparación para responder. Las herramientas están. Lo que falta es que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Ibagué y los del resto del departamento las conviertan en gente entrenada, cuadra por cuadra, antes del próximo evento.
Hoy nos tocó sentirlo y salir a la calle. Hay ciudades a las que hoy les tocó escarbar. La diferencia entre las dos escenas se decide en los meses tranquilos, no en el minuto del temblor.
Dr. Eduardo Vélez Soto
Doctor en gestión del riesgo de desastres, escritor y docente. Autor de «Responsabilidad social y gestión del riesgo de desastres»