Por: Gabriel Diaz.
Ibagué no puede resignarse a que la violencia sea la moneda de cambio en el debate público. Las protestas ocurridas la semana pasada iniciaron, como suele invocarse, bajo la bandera del derecho constitucional a la movilización pacífica. Sin embargo, cuando el humo se disipó, lo que quedó al descubierto no fue precisamente un intercambio de ideas, sino un escenario donde sobraron los cuchillos, los machetes y las agresiones contra la fuerza pública y la ciudad.
Resulta inaceptable que en una democracia la protesta sirva de camuflaje para el vandalismo armado. Quien sale a la calle portando un machete o una hoja afilada no va a construir patria ni a exigir derechos: va dispuesto a intimidar, agredir o delinquir. Por ello, la respuesta de las autoridades para restablecer el orden y frenar la violencia no solo era necesaria, sino un deber irrenunciable con los ciudadanos que exigen tranquilidad.
Lo verdaderamente alarmante de esta jornada no fueron únicamente los vándalos armados, sino la actitud desatinada del concejal Andrés Zambrano. En un despliegue de oportunismo o de alarmante ceguera institucional, el corporado prefirió enfocar sus baterías contra la fuerza pública que arriesga su vida para proteger la ciudad, mientras buscó explicaciones indulgentes para quienes desenfundaron armas blancas en la marcha. Decir que las armas corto punzantes son el reflejo de la sociedad no es un diagnóstico sociológico; es una excusa vergonzosa.
Al asumir esa postura, el concejal Zambrano cruza la línea entre la veeduría política y la defensa implícita de delincuentes. Un concejal de la capital del Tolima no puede fungir como escudo político de quienes desafían la ley con armas en mano. La ciudadanía que trabaja, que madruga y que paga sus impuestos no merece líderes que relativicen la delincuencia ni que dejen desprotegida la institucionalidad.
El respeto por la fuerza pública y la garantía de la tranquilidad ciudadana deben ser innegociables. La protesta pacífica siempre tendrá espacio en una sociedad libre, pero los machetes y la anarquía, jamás. Es hora de que los servidores públicos decidan de qué lado están: si del lado de la ley y los ibaguereños de bien, o del lado del caos y quienes lo promueven.
