El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que elimina la prima de servicios para los integrantes del Congreso de la República y reduce el salario de los congresistas, en una nueva acción orientada a ajustar el gasto público y redistribuir recursos hacia programas sociales.

Según fuentes oficiales, la eliminación de este incentivo laboral que representaba un pago adicional al salario regular y la disminución de las remuneraciones buscan responder a las necesidades fiscales del país y dar ejemplo de austeridad en altos cargos públicos.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Sectores políticos conservadores han criticado el decreto, cuestionando su alcance y el impacto real en la carrera legislativa, mientras que algunos movimientos sociales han respaldado la medida como un paso hacia una mayor responsabilidad fiscal.

Analistas señalan que la eliminación de esta prima y la reducción salarial podrían abrir un debate más amplio sobre la compensación de altos funcionarios y la necesidad de reformas estructurales en el presupuesto nacional.

La Presidencia de la República, por su parte, ha señalado que este tipo de ajustes son parte de una estrategia integral para fortalecer las finanzas públicas y priorizar el gasto social, sin afectar la función legislativa ni la representación democrática.