El Tribunal Administrativo del Tolima ha dictado una medida crucial para la sostenibilidad del sistema de salud en la región. La entidad judicial ordenó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) saldar una deuda histórica que asciende a más de un billón de pesos, adeudados a hospitales y clínicas tanto públicas como privadas del departamento.

La decisión, que se origina en una acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima, busca mitigar el riesgo inminente de un colapso en la atención hospitalaria. El fallo judicial, que se dio a conocer este martes, otorga a las EPS un plazo de 60 días para cancelar los compromisos financieros pendientes correspondientes al periodo 2020 a 2024.

De acuerdo con las cifras presentadas por el magistrado José Andrés Rojas, el monto adeudado se desglosa en aproximadamente $600 mil millones para la red pública y $400 mil millones para la red privada. Esta orden judicial no solo obliga al pago, sino que también establece un precedente importante para la gestión financiera del sector salud.

Además de la medida de pago, el Tribunal ha convocado a una mesa técnica de alto nivel. En ella deberán participar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de establecer un mecanismo claro que asegure la liquidación de estas deudas y garantice el desembolso inicial de al menos el 20% de los pasivos que se hayan liquidado hasta junio de este año.

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, ha calificado la decisión como una victoria significativa. “Esta medida es fundamental para blindar la atención hospitalaria en nuestro departamento y evitar que la falta de recursos paralice la operación de nuestra red de servicios”, afirmó la funcionaria, subrayando la importancia del fallo para la comunidad.