En medio de una intensa semana de debates en el Congreso sobre el presupuesto nacional para 2026, la representante a la Cámara por el Partido Verde, Martha Alfonso, conocida como 'La Profe', ha encendido las alarmas sobre la difícil situación fiscal que enfrenta el gobierno.

Según Alfonso, el país se encuentra en un "escenario fiscal muy ajustado" debido al endeudamiento heredado de la administración anterior, lo que ha llevado a recortes presupuestales severos en ministerios y entidades vitales.

El panorama que describe la congresista es sombrío. De los $523 billones del presupuesto que se está ejecutando, $112 billones están destinados al pago de la deuda, de los cuales más de la mitad, entre $52 y $55 billones, corresponden solo a intereses. Esta rigidez en el gasto deja poco margen para la inversión.

Según Alfonso, las consecuencias ya se sienten en sectores clave. El Ministerio del Deporte, por ejemplo, ha sufrido una reducción de más del 60%, pasando de solicitar $700 mil millones a recibir solo $250 mil millones. De manera similar, el SENA enfrenta un recorte de cerca de $1 billón, lo que impactará programas esenciales como Campesena y la certificación laboral. La Unidad Solidaria tampoco se salva, con una reducción del 50% en su presupuesto, lo que limitará el apoyo a asociaciones en todo el país.

*La Ley de Financiamiento, el punto de quiebre*

Para financiar su propuesta de presupuesto y tapar un déficit de $26 billones, el gobierno ha presentado una ley de financiamiento. Sin embargo, congresistas de la oposición han propuesto una reducción de $40 billones, una medida que, según Alfonso, "significaría dejar casi que en cero la inversión del gobierno nacional".

En un intento por destrabar las negociaciones, el Ministerio de Hacienda ha cedido y propuesto una reducción de $10 billones en el presupuesto, lo que disminuiría el déficit a $16 billones. Esta cifra, que aún debe ser financiada, es el centro del pulso político.

*¿Quién paga la cuenta?*

La ley de financiamiento ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente por el impuesto a la gasolina. Sin embargo, la congresista Alfonso defiende la medida al explicar que el fondo de estabilización de precios de combustibles fue desfinanciado por el gobierno de Iván Duque. "Si no se hace vía impuestos, igual tendrá que hacerse por cobro directo el próximo año", aseguró.

Aunque el gobierno ha manifestado su disposición a ceder en este punto, la representante subraya que la ley busca afectar, principalmente, a los más ricos.

Alfonso menciona que el impuesto al patrimonio se reduciría a personas con patrimonios superiores a $1.990 millones, ampliando la base de contribuyentes. "No es la clase menos favorecida la que va a pagar ese impuesto, sino los que tienen un poquito más", concluyó, dejando claro que el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país está lejos de terminar.