El presidente Gustavo Petro intervino públicamente para solicitar al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que agilice los trámites que permitan la salida de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien cumple una condena de cinco años y dos meses en la cárcel El Buen Pastor.

La influencer fue sentenciada por dañar una estación de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019, actos que grabó y difundió en sus redes sociales .

Durante un consejo de ministros, Petro cuestionó la disparidad en las penas: "Ayúdenme a sacar a Epa, que no viva en una celda. ¿Cómo así que no se puede? A otros condenados por crímenes graves les dan condiciones privilegiadas, mientras a ella le imponen más años que a corruptos".

El mandatario calificó el caso como un ejemplo de "machismo judicial" y comparó su situación con la impunidad en escándalos como el de Odebrecht .

Barrera fue condenada en 2025 por la Corte Suprema por tres delitos: daño agravado a bien público, perturbación del transporte colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas. A pesar de que restituyó los perjuicios causados, el tribunal rechazó su solicitud de prisión domiciliaria, argumentando la gravedad de los hechos .

Petro insistió en que su caso refleja un trato desigual hacia mujeres de origen popular: "La castigan por ser pobre y protestar. Mientras, quienes roban millones gozan de libertad" .

El Ministerio de Justicia evalúa ahora aplicar mecanismos legales, como la Ley 2292 de 2023 —diseñada para mujeres cabeza de hogar—, aunque expertos señalan que Barrera no cumpliría los requisitos al no acreditar marginalidad económica ni estar incluidos sus delitos en la normativa . Mientras, la defensa de la empresaria anunció acciones legales para revisar su condición de reclusión .

La polémica reaviva el debate sobre proporcionalidad de penas en Colombia, donde casos de corrupción han recibido condenas menores en comparación con delitos como el de Barrera .