Por: Gabriel Díaz

La gobernabilidad de Ibagué no puede seguir siendo un negocio de suma cero donde la moneda de cambio son los cargos públicos y el futuro de la ciudad. En pleno 2026, la relación entre la alcaldesa Johana Aranda y el Concejo Municipal exige un replanteamiento urgente y de fondo. No es posible que la marcha de la capital tolimense dependa del termómetro de la ansiedad burocrática de unos cabildantes que, paradójicamente, brillan más por sus exigencias de cuotas que por el rigor técnico de sus debates en el recinto.

El control político es un pilar democrático inalienable, pero cuando se desvía para convertirse en un mecanismo de presión y chantaje burocrático, deja de ser control para convertirse en secuestro. Ibagué se encuentra en un punto de no retorno; los problemas crónicos de infraestructura, la deficiente prestación de servicios públicos, el caos de movilidad y la urgencia de una planificación urbana sostenible no se resuelven con componendas de pasillo, sino con perfiles idóneos, presupuesto bien ejecutado y decisiones estrictamente gerenciales.

La administración municipal no puede ser el botín de guerra de quienes no logran validar su liderazgo con resultados tangibles como legisladores locales.

La ciudadanía no eligió una junta de acreedores políticos; eligió un liderazgo para transformar y organizar la ciudad. Medir la fuerza de un concejal por su capacidad de obstaculizar proyectos estratégicos o por el volumen de su cuota en las secretarías es validar un modelo obsoleto que solo genera atraso. El verdadero examen de un cabildante está en la calidad de sus ponencias, en su capacidad de proponer soluciones estructurales y en la transparencia de su gestión ante los ibaguereños.

La independencia de la alcaldesa no es un capricho, es una necesidad para que la ciudad avance. Ya es hora de que los concejales entiendan cuál es su verdadero trabajo: ganarse sus honorarios haciendo debates serios, proponiendo soluciones y vigilando que la plata de los ibaguereños no se pierda. El Concejo fue creado para controlar, no para coadministrar a las malas ni para exigir puestos a cambio de firmas. Los concejales deben empezar a brillar por sus ideas en el recinto y dejar de presionar en las oficinas del Palacio Municipal. Si quieren respeto, que se lo ganen con propuestas, no con chantajes de nómina.

Para la alcaldesa, la ruta de cara a la segunda mitad de su mandato es clara: es el momento de dar un golpe de autoridad sobre la mesa, sacudirse el lastre de la politiquería tradicional y marcar un estilo de gobierno propio. Priorizar un gabinete técnico, blindado contra el apetito clientelista, no es solo una necesidad administrativa para acelerar las obras que la ciudad grita por ver terminadas; es también la única vía legítima para recuperar la confianza de la calle.

La gobernabilidad moderna no se pacta a puerta cerrada cediendo a las presiones del cabildo; se gana demostrando capacidad de ejecución, pulcritud en los procesos y entregando una ciudad organizada a los ciudadanos. Es hora de rescatar la institucionalidad y poner la técnica por encima de la transacción