Por: Gabriel Diaz.
El trancón no es un accidente geográfico; es una decisión política. Cada mañana, miles de ibaguereños pierden horas de vida productiva, familiar y mental atrapados en las avenidas Ambalá, Guabinal, la Quinta o la Mirolindo. Mientras el velocímetro de las busetas, motos y carros particulares no supera los diez kilómetros por hora en las horas pico, la respuesta de las autoridades locales suele ser la misma: culpar al crecimiento del parque automotor o proponer soluciones cosméticas como ampliar las horas del "Pico y Placa". Esa es una lectura perezosa. La verdadera raíz del caos vial de Ibagué está escrita en las páginas de nuestro Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en la complacencia del Concejo Municipal.
Nuestra ciudad padece de un mal estructural: la densificación sin infraestructura. Durante la última década, el POT ha permitido y estimulado la construcción de gigantescas ciudadelas residenciales y torres de apartamentos en comunas como la 6, la 7 y la 9. Miles de nuevas familias llegaron a habitar sectores que hoy son verdaderos embudos urbanos. El negocio inmobiliario avanzó a pasos de gigante en el plano vertical, pero las vías arterias que debían soportar esa nueva carga humana y vehicular se quedaron congeladas en las maquetas del pasado.
El diseño institucional del POT establece que el crecimiento urbano debe ir amarrado a la ejecución de un plan vial. Sin embargo, en Ibagué se invirtió la lógica: primero se otorgan las licencias, se levantan los edificios y se saturan las redes, y después se mira cómo se soluciona el colapso. El caso del frustrado intercambiador vial de la calle 60 con Quinta es la metáfora perfecta de esta tragedia urbana: obras que se anuncian como la salvación de la movilidad, pero que terminan convertidas en monumentos a la improvisación presupuestal y técnica, mientras las vías alternas reales jamás se construyen.
Los concejales actuales actúan como simples espectadores de este colapso. Prefieren evadir el debate de fondo para no indisponer a las grandes firmas constructoras, ignorando que el espacio público vial es un recurso finito. No se puede seguir aprobando la expansión de la ciudad hacia la zona de Picaleña o los corredores de la variante si no se obliga, mediante el POT, a que los urbanizadores entreguen las vías de acceso y las dobles calzadas proyectadas antes de recibir el permiso de venta. El costo del trancón lo está pagando el ciudadano con su tiempo, mientras la plusvalía se queda en unos pocos bolsillos.
Desde el Concejo Municipal debemos plantear una medida de choque técnica y audaz: un congelamiento temporal de los índices de habitabilidad y densificación en las comunas con mayor saturación vial, hasta que la administración local y los urbanizadores ejecuten las vías arterias que el plan vial exige por ley. Legislar con responsabilidad implica entender que una ciudad moderna no es aquella donde se construyen más edificios, sino aquella donde la gente puede moverse con dignidad.
Ibagué no puede seguir creciendo como una colmena sin salidas. El Concejo que viene tiene la obligación de revisar el POT con un criterio técnico riguroso, quitándole el freno de mano a la planeación vial y poniéndoselo a la especulación inmobiliaria que nos está condenando al encierro. Llegó la hora de planificar soluciones, porque de promesas en planos y maquetas ya tenemos la ciudad inundada.
