Por: Gabriel Díaz
Ubicada en el centro del triángulo que conecta a Bogotá, Medellín y el Puerto de Buenaventura, Ibagué ostenta desde hace décadas la etiqueta de «ciudad estratégica». Sin embargo, la geografía por sí sola no genera competitividad ni puestos de trabajo. Mientras los grandes corredores viales nacionales bordean nuestro perímetro, la capital del Tolima sigue actuando principalmente como un punto de paso, viendo transitar el desarrollo en lugar de capturar su valor. El reto fundamental del ordenamiento territorial moderno no es únicamente regular dónde se construye vivienda, sino planificar las condiciones técnicas y normativas para que la ciudad sea productiva, atraiga inversión y dinamice su economía local.
La infraestructura vial nacional ha optimizado los tiempos de transporte de carga entre el interior del país y el Pacífico; no obstante, para Ibagué el impacto directo de esta conectividad continúa siendo marginal. Que miles de toneladas de mercancía crucen a diario por nuestra jurisdicción no se traduce automáticamente en progreso si el municipio no cuenta con la infraestructura complementaria para consolidar centros de transferencia, acopio y transformación con valor agregado. Sin una visión urbana orientada a la logística y a la industria de servicios, la ciudad pierde la oportunidad histórica de diversificar su estructura económica y reducir los índices de informalidad laboral que tradicionalmente la han aquejado.
Este desarrollo industrial no surge por generación espontánea ni prospera en la incertidumbre. Requiere una delimitación clara en el Plan de Ordenamiento Territorial que proteja las zonas de vocación logística y agroindustrial, especialmente sobre la variante y los corredores de salida hacia el centro y el occidente del país. Al blindar estos polígonos, se evita que la expansión residencial no planificada termine acorralando o desplazando las áreas destinadas a la producción, garantizando una coexistencia armónica basada en zonas de amortiguamiento ambiental, carriles de desaceleración para transporte pesado y una regulación que otorgue estabilidad jurídica de largo plazo a los inversionistas.
A la par de esta certeza normativa, la conectividad logística interna debe resolverse para que el tráfico de carga no se detenga en los embotellamientos de la red vial urbana. La conexión entre la variante perimetral y las zonas de desarrollo comercial e industrial exige colectores viales fluidos, un circuito exclusivo para el transporte de gran tonelaje que proteja la malla vial de los barrios y la expansión prioritaria de redes de acueducto, alcantarillado y energía de alta capacidad en los sectores productivos.
Ibagué no puede resignarse a contemplar el progreso desde la berma de una variante. El ordenamiento territorial debe ser la herramienta clave para transformar nuestra ventaja geográfica en una plataforma logística eficiente, generadora de empleo formal y motor de desarrollo para las próximas décadas.
