Por: Gabriel Díaz

Hay una desconexión estética y ética en la política local que explica por qué las ciudades intermedias en Colombia se estancan. Mientras los ciudadanos caminan sobre el barro en las calles destapadas de las comunas periféricas o esquivan cráteres en las avenidas principales, sus representantes debaten en recintos cerrados, bajo el confort del aire acondicionado y rodeados de una solemnidad burocrática que raya en el cinismo. El diseño de nuestra democracia local padece de agorafobia: le tiene terror a la calle y un amor ciego al escritorio.

El Concejo Municipal de Ibagué es el vivo reflejo de este encierro institucional. Salvo en la víspera de elecciones —cuando a los honorables cabildantes les da una repentina e intensa fiebre de barrio y se les ve abrazando niños, tomando tinto en vasito de plástico y prometiendo pavimentar hasta el último callejón—, el resto del cuatrienio transcurre en la comodidad del centro de la ciudad. El control político se convirtió en un ejercicio de diapositivas, informes de gestión maquillados por secretarios de despacho y debates teóricos que no modifican en un solo milímetro la realidad del territorio.

Esta distancia no es un asunto menor; es una falla estructural de representación. ¿Cómo puede un concejal legislar sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o votar presupuestos de alcantarillado si no ha visto con sus propios ojos cómo se devuelven las aguas negras en las casas de la Comuna 12 o la Comuna 13 cuando llueve? ¿Cómo pretenden entender la crisis de seguridad de la Comuna 8 o la Comuna 7 desde una curul de madera en la Plaza de Bolívar? Legislar por mapa y por informe técnico es la forma más rápida de equivocarse y de traicionar al elector.

Ibagué no necesita un Concejo de escritorio; necesita un Concejo mochilero. Es hora de obligar a la corporación a romper el aislamiento y bajar al barro. Desde la campaña planteo una reforma radical al reglamento interno del cabildo: el 50% de las sesiones ordinarias deben realizarse de manera descentralizada y obligatoria en los salones comunales, polideportivos y corregimientos de la ciudad.

Llevar el Concejo a los barrios no es un acto de demagogia, es un ejercicio de transparencia y control social directo. Cambiar el recinto por la calle obliga a los secretarios de la Alcaldía a rendir cuentas frente a la comunidad afectada, sin intermediarios ni libretos ensayados. Obliga al concejal a mirar a la cara al comerciante extorsionado, al joven sin oportunidades y a la madre que no tiene agua potable para sus hijos. El presupuesto público debe discutirse donde se sufren las necesidades, no donde se reparten los contratos.

El debate político de este 2026 exige liderazgos que no le teman a la suela gastada ni al reclamo legítimo de la gente. El Concejo que viene tiene que decidir si quiere seguir siendo una notaría de espaldas a la ciudad o el megáfono de las realidades de la calle. Es hora de empacar los papeles, salir del centro y entender que a Ibagué se le gobierna desde el territorio, o simplemente se le sigue abandonando desde el escritorio.