Con el objetivo de fortalecer la operatividad judicial en la segunda ciudad del departamento, el gobierno de El Espinal inició gestiones ante la Dirección Nacional del CTI para establecer una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Esta iniciativa permitiría que los actos urgentes y las capturas se procesen de manera local, evitando el traslado de casos a otras ciudades y reduciendo los tiempos de respuesta.

El alcalde Wilson Gutiérrez Montaña sostuvo un encuentro estratégico con el general José Luis Ramírez Hinestroza, director nacional del CTI, y Juan Carlos Pinzón, director seccional en el Tolima. Durante la reunión se planteó la necesidad de que la capital arrocera cuente con esta infraestructura propia en los próximos meses para mejorar la recolección de pruebas en las escenas del crimen.

“Nos hemos unido todos para hacerle esa solicitud a la señora Fiscal General de la Nación” afirmó el mandatario local. Según explicó, la presencia permanente de esta unidad es una herramienta fundamental para que las investigaciones criminales no se detengan y se garantice que los responsables de hechos delictivos sean procesados con prontitud.

Además de la infraestructura física, la gestión incluye una solicitud formal para incrementar el número de funcionarios con funciones de policía judicial en el municipio. Este refuerzo técnico busca dar celeridad a los procesos derivados de los incidentes de inseguridad registrados en las últimas semanas, permitiendo un avance real en las carpetas de investigación vigentes.

Para las autoridades locales, la seguridad ciudadana requiere una justicia técnica y eficiente que acompañe la presencia policial en las calles. Con este avance se pretende devolver la confianza a los espinalunos, asegurando que los delitos cometidos en la jurisdicción tengan un seguimiento judicial inmediato y efectivo dentro de la misma población.

De concretarse el proyecto, El Espinal dejaría de depender de centros de reacción externos, consolidando una estrategia integral que combina la prevención con la capacidad de sanción de los organismos del Estado.