Cuarenta años después de la tragedia de Armero, el Tolima anuncia el primer Centro de Gestión Integral del Riesgo del país en el mismo territorio que encarna uno de los mayores fracasos nacionales en prevención. Más que celebrar el gesto simbólico, urge preguntar si esta vez existen planeación seria, estudios técnicos suficientes y recursos asegurados, o si el proyecto corre el riesgo de convertirse en otro monumento a las buenas intenciones.
Hay una foto que casi todos los colombianos nacidos antes de la década de los 80 tienen guardada en la memoria, aunque nunca la hayan visto en persona: la de una niña atrapada en el barro, mirando a la cámara mientras el país entero la veía morir en directo. Esa imagen se llamó Omayra Sánchez, y se volvió el símbolo de una tragedia que no fue solo geológica, sino también administrativa. Cuarenta años después, el Tolima anuncia que construirá en Armero-Guayabal el primer Centro de Gestión Integral del Riesgo del país. La noticia es, sin duda, un gesto de justicia histórica. Pero antes de aplaudir, vale la pena preguntarse si esta vez sí vamos a hacer las cosas distinto, o si estamos ante otro monumento más a las buenas intenciones.
Porque lo primero que llama la atención no es dónde se va a construir, sino cuántas veces cambió de dirección la decisión antes de aterrizar ahí. En noviembre de 2025, en medio de los actos conmemorativos por los cuarenta años de la tragedia, la gobernadora Adriana Magali Matiz anunció con solemnidad que el centro se levantaría en Armero, sobre un lote de seis hectáreas, con el respaldo de la UNGRD. Cuatro meses después, sin mayor explicación pública, el proyecto saltó a Ibagué. La justificación oficial hablaba de conectividad y cercanía al Cerro Machín. Y en julio de este año, cuando Ibagué no cumplió los plazos exigidos, el proyecto regresó, otra vez, a Armero. Tres decisiones, tres relatos distintos, y un territorio que ya lleva cuatro décadas esperando algo más sólido que un anuncio en un acto conmemorativo.
Ese vaivén no es un simple detalle de trámite. Es el retrato de cómo seguimos gestionando el riesgo en este país: a punta de anuncios, no de planeación. Un centro pensado para coordinar Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, helipuertos de rescate y escuelas de formación no puede depender de qué alcaldía cede primero un lote o de qué municipio presiona con más ruido político. Que el propio alcalde de Armero-Guayabal haya tenido que salir a denunciar públicamente maniobras políticas desde Ibagué para quedarse con el proyecto dice mucho: la disputa se resolvió por desgaste, no por consenso técnico.
Y sin embargo, hay que ser justos con los hechos: el predio que finalmente quedó escogido es, sobre el papel, mejor que la alternativa que se descartó. Siete hectáreas, más del doble de lo exigido. Topografía plana.
Servicios públicos disponibles. Cercanía con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, con el Parque Los Nevados, con el río Magdalena. Son condiciones que cualquier ingeniero de riesgo firmaría sin dudar. El problema no es el terreno. El problema es que un buen terreno no arregla un proceso improvisado, y menos cuando ese terreno está justo en la zona que la historia ya nos enseñó a temer.
Y aquí llega la pregunta que ningún comunicado oficial ha respondido todavía: ¿qué estudios de amenaza volcánica actualizados garantizan que este nuevo centro no repita, en otra escala, el mismo error de confiar en un corredor que ya una vez lo destruyó todo? Tener cerca un observatorio de monitoreo no es lo mismo que estar libre de riesgo. Es, en el mejor de los casos, la promesa de una alerta más rápida, no la garantía de estar a salvo. Si vamos a construir el símbolo nacional de la gestión del riesgo justo sobre el lugar donde el país aprendió, a la fuerza, lo que significa no gestionarlo, ese simbolismo exige el estudio técnico más riguroso posible. No menos.
Tampoco hay que hacerse ilusiones con la plata. Los 3.500 millones de pesos comprometidos hasta ahora por la Nación cubren únicamente estudios y diseños, no la construcción. Y en Colombia sabemos bien lo que suele pasar con los proyectos que llegan hasta ahí: se quedan esperando una vigencia presupuestal que nunca aparece. Que la propia Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima conecte este proyecto con un documento CONPES "pendiente de ejecución desde hace años" no es, precisamente, una señal tranquilizadora. Es más bien una advertencia de lo que le puede pasar a este también.
Armero no necesita otro monumento a las buenas intenciones. Lo que necesita ---lo que necesitamos como país--- es que quienes tienen en sus manos la gestión del riesgo entiendan que la coherencia en las decisiones, la transparencia y la plata efectivamente ejecutada son tan importantes como cualquier helipuerto o sala de monitoreo. Si este centro se construye con el rigor que su ubicación exige y con la constancia que su historia merece, será un paso real hacia una gestión del riesgo más seria en Colombia. Si se queda en el nivel del anuncio, será apenas un capítulo más de esa larga distancia que todavía nos separa de aprender de verdad de nuestras tragedias.
