En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, Europol y otras autoridades europeas, fue desmantelada una red transnacional dedicada a la trata de personas. La organización se especializaba en captar mujeres en Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca) mediante engañosas ofertas laborales, para luego enviarlas a países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania con el fin de someterlas a explotación sexual.

Según la investigación, la red facilitaba a las víctimas la tramitación de documentos, tiquetes aéreos y dinero para cubrir los gastos del viaje en Colombia.

Sin embargo, una vez llegaban a su destino en Europa, los miembros de la organización les confiscaban sus pasaportes y las obligaban a ejercer actividades sexuales en diferentes ciudades.

Con esto, las forzaban a pagar los costos del viaje, su alimentación y hospedaje, además de multas que oscilaban entre los 3.000 y 4.000 euros. Las denuncias indican que las jóvenes sufrieron maltratos físicos y psicológicos, fueron incomunicadas y amenazadas para evitar que reportaran su situación.

Como resultado de la investigación, fueron capturados nueve presuntos integrantes de la red criminal. Los judicializados son:

* Lukas Giraldo Betancur
* Óscar Arbey Ospina Ocampo
* Mario Augusto Giraldo Hernández
* Natalia Jaramillo Holguín
* María Camila Correa Muñoz
* María Paulina Restrepo Benítez
* Diana Jaidivy Hernández Álvarez
* Michell Dahiana Gaviria Ramírez
* Grecia Alejandra Duarte Guzmán

Lukas Giraldo Betancur ha sido señalado como el presunto cabecilla, encargado de financiar toda la operación y de utilizar su doble nacionalidad para emitir cartas de invitación que facilitaban el ingreso de las mujeres a Malta y Croacia.

Por su parte, Natalia Jaramillo Holguín es señalada de utilizar una agencia de viajes en Pereira para conseguir los tiquetes aéreos de las víctimas.

Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y de la Seccional Medellín les imputaron, según su presunta responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir, trata de personas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La situación judicial de los implicados se encuentra pendiente de ser resuelta por la autoridad competente, y todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.