El Gobierno nacional anunció que Drogas La Rebaja se convertirá en el operador institucional del Estado para la dispensación y administración de medicamentos públicos, en el marco de una nueva fase de la intervención a la cooperativa Copservir, antigua propietaria de la cadena farmacéutica.

La decisión fue formalizada mediante un comunicado conjunto entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y La Rebaja S.A.S., en el que se establece que la empresa intervenida dejará de operar únicamente como una red comercial y pasará a cumplir un rol estratégico dentro del sistema público de salud, articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.

Según el anuncio oficial, La Rebaja se consolidará como gestor farmacéutico del mercado institucional público a través de la creación de la línea “La Rebaja Institucional”, con la que administrará procesos de dispensación y operación farmacéutica para entidades estatales. Esta figura busca fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el acceso a medicamentos, reducir la intermediación y avanzar hacia un modelo de compra pública más eficiente.

La Supersolidaria indicó que este proceso contará con un nuevo equipo encargado de la intervención, con participación activa de los trabajadores de Copservir, quienes continuarán vinculados al desarrollo de esta etapa. Asimismo, la entidad aseguró que acompañará el proceso para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y la protección de los derechos laborales y asociativos.

Otro de los puntos clave del anuncio se refiere a los establecimientos de comercio de La Rebaja, que actualmente son propiedad del Estado como resultado de una sentencia judicial. En este contexto, La Rebaja S.A.S. asumirá la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operacionales para optimizar y consolidar la operación comercial.

Como parte de esta reorganización, se confirmó que los asociados de Copservir realizarán una asamblea extraordinaria el próximo 30 de enero, en la que se discutirá la creación de una nueva cooperativa de aporte y crédito orientada a los trabajadores. Para el Gobierno, este proceso representa una oportunidad histórica para fortalecer la gobernanza cooperativa y avanzar hacia una estructura más sostenible que priorice el interés colectivo.