El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil Familia Unitaria, ha revocado la decisión emitida el 10 de febrero de 2025 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, que negó una medida cautelar solicitada por Edgar Cardona Corrales y otro, en un proceso de impugnación de actos de asamblea contra la Cooperativa de Transportadores Velotax Ltda.

La magistrada sustanciadora, Astrid Valencia Muñoz, determinó que existen motivos fundados para decretar la medida cautelar. La demanda original solicitaba la suspensión del acto de la asamblea del 15 de marzo de 2024 de Velotax Ltda., argumentando un falso quórum debido a la falta de convocatoria a la totalidad de los asociados hábiles, incumpliendo lo ordenado por la Superintendencia de Transporte en la resolución No. 309.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué había negado la medida cautelar inicialmente, al considerar que no se acreditaron los presupuestos necesarios, mencionando la falta de claridad sobre los efectos a suspender y la imposibilidad de acceder a documentos clave como el acto de asamblea, las resoluciones que fundamentaban las pretensiones y los avisos de convocatoria.
Sin embargo, el Tribunal Superior, al revisar el recurso de apelación, resaltó que uno de los objetivos de la cautela es "restarle efectos jurídicos al acto ilegal" para evitar la persistencia del perjuicio.

Se señaló que en la asamblea 88 se eligieron cargos importantes y se aprobaron decisiones trascendentales sin convocar a los 173 asociados hábiles, citando solo a 73 y concurriendo únicamente 36. La parte actora argumentó que estas decisiones eran "notoriamente gravosas y groseras".

Entre los medios probatorios que el Tribunal consideró, se encuentran sentencias anteriores que declararon la ineficacia de decisiones adoptadas en las asambleas No. 78 de 2016 y No. 81 de 2017 de Velotax Ltda..

Además, la Resolución 309 de 23 de enero de 2024 de la Superintendencia de Transporte ordenó a Velotax Ltda. iniciar un procedimiento para convocar a una asamblea general extraordinaria con el fin de superar la situación crítica derivada de la ineficacia de esas actas, y esta debía realizarse antes de la asamblea general ordinaria de 2024.

El Tribunal concluyó que la asamblea general ordinaria de asociados de 2024, realizada el 15 de marzo de 2024, no se efectuó con posterioridad a la asamblea extraordinaria ordenada por la Superintendencia de Transportes, lo que "muy posiblemente puede afectar las decisiones tomadas en la misma".

En consecuencia, el Tribunal ha ordenado al juez de primera instancia que, previo al decreto de la medida cautelar solicitada, fije la caución respectiva conforme al artículo 382 del Código General del Proceso, y una vez prestada, decrete la medida cautelar. La Sala también hizo un llamado de atención al juez de primera instancia por haber negado la solicitud bajo el argumento de no poder acceder a los documentos, cuando estos eran de fácil acceso digitalmente.