El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para el año 2026 comienza a generar efectos que van más allá del ámbito laboral. Abogados y expertos en derecho de familia alertan que el incremento del 23,7 % impactará directamente a miles de padres y madres que tienen obligaciones de cuotas alimentarias, especialmente en los casos en los que estas fueron fijadas con base en salarios mínimos.
Según explicó la abogada especialista en derecho de familia Ariadna Herrán Galindo, de la firma Cafore Abogados, cuando una cuota alimentaria se establece en salarios mínimos, su actualización es automática con el nuevo valor decretado, lo que obliga a pagar el monto ajustado desde el momento en que entra en vigencia el aumento.
“El error más común es continuar pagando el valor anterior. Esto genera de inmediato incumplimientos que pueden derivar en procesos ejecutivos e incluso en consecuencias penales por inasistencia alimentaria”, advirtió la experta.
El impacto de este ajuste preocupa al sector judicial, pues el sistema de justicia de familia ya enfrenta una alta carga de procesos. Datos recopilados por Cafore Abogados, con base en cifras de la Fiscalía General de la Nación, señalan que entre 2010 y 2019 se registraron más de 717.000 denuncias por inasistencia alimentaria en Colombia. En 2021, tras la pandemia, los procesos superaron los 41.800 casos, y en 2025 se iniciaron cerca de 15.948 nuevas acciones judiciales.
De acuerdo con el análisis, los incrementos significativos del salario mínimo suelen generar picos de incumplimiento, especialmente cuando el aumento también eleva otros gastos esenciales de los hogares. En este caso, el ajuste superó incluso las expectativas de los sindicatos, que proponían un incremento menor.
La abogada Herrán Galindo aclaró que las dificultades económicas no eximen del cumplimiento de la cuota alimentaria. En caso de no poder asumir el nuevo valor, el obligado debe solicitar formalmente una revisión ante la autoridad competente, demostrando su capacidad económica real.
De no realizarse estos trámites, el escenario podría traducirse en más procesos ejecutivos, embargos de salarios y cuentas bancarias, conciliaciones fallidas, procesos penales y restricciones para salir del país, lo que incrementaría la congestión en los juzgados de familia.
Finalmente, expertos coinciden en que el aumento del salario mínimo, aunque busca mejorar el poder adquisitivo, también exige mayor educación jurídica, diálogo entre las partes y uso oportuno de mecanismos legales, para evitar que el ajuste derive en conflictos sociales y judiciales de mayor magnitud.
