El Consejo de Estado dio inicio al estudio de una demanda que busca anular el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026 en 2 millones de pesos, tras un incremento del 23% decretado a finales de diciembre por la administración del presidente Gustavo Petro.

La acción judicial fue presentada por el ciudadano Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y de Trabajo, al considerar que el ajuste salarial habría desconocido disposiciones constitucionales y legales. El alto tribunal ya notificó a las entidades accionadas y concedió 30 días para que presenten sus argumentos, junto con la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Además, el despacho ordenó al Ejecutivo remitir la totalidad de los estudios técnicos y soportes administrativos que precedieron la expedición del decreto, con el fin de verificar si se cumplieron los procedimientos exigidos para la fijación del salario mínimo.

La admisión de la demanda provocó reacciones políticas, especialmente desde el Tolima. El diputado Jaime Tocora, del Pacto Histórico, defendió la medida y aseguró que el aumento supera la inflación y garantiza un salario digno, conforme a la jurisprudencia constitucional y a los estándares de la OIT.

En un tono crítico, Tocora cuestionó a los sectores que impulsan la nulidad del decreto y sostuvo que el incremento corrige una deuda histórica con los trabajadores, en un contexto de indicadores económicos que, a su juicio, fortalecen la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos.